El Rey emérito paga a Hacienda 678.393,72 euros para regularizar su situación fiscal

El Rey emérito ha dado instrucciones para que su defensa presente una declaración voluntaria ante Hacienda por importe de 678.393,72 euros, incluyendo intereses y recargos.

Don Juan Carlos intenta regularizar así su situación fiscal en España. Para ello, tal y como informó El País el pasado domingo, su abogado presentó una declaración ante la Agencia Tributaria. En estos días, Hacienda ha analizado el escrito para decidir si aceptaba dicha regularización o solicitaba aclaraciones, así como el importe a pagar por el Rey emérito.

Según ha informado en un comunicado el despacho del abogado Javier Sánchez-Junco, que ejerce la defensa de Don Juan Carlos, éste le ha dado instrucciones «para que haga público que, en el día de hoy, ha procedido a presentar ante las Autoridades Tributarias competentes, una declaración sin requerimiento previo, de la que ha resultado una deuda tributaria, ya satisfecha, por importe de 678.393,72 € incluyendo intereses y recargos».

Asimismo, en la nota se destaca que el padre del Rey «continúa, como siempre lo ha estado, a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que considere oportunos».

Tarjetas opacas

El pago guarda relación con el uso por parte de Juan Carlos I y de algunos de sus familiares de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krauseno. Como se recordará, el caso del uso de estas tarjetas está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo.

El uso de las tarjetas se produjo entre 2016 y 2018, cuando Don Juan Carlos había abdicado y perdido la inmunidad.

En noviembre, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, dictó un decreto mediante el cual la Fiscalía del Tribunal Supremo asumía una nueva investigación sobre el Rey emérito que había sido iniciada por Anticorrupción. Se investiga a Juan Carlos I, a la Reina Sofia y a otros miembros de la Familia Real por el uso de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que ninguno de ellos figuran como titulares. Los Reyes Don Felipe y Doña Letizia no aparecen entre los beneficiados de estas tarjetas opacas. Tampoco la Princesa de Asturias ni la Infanta Sofía.

Los movimientos en las cuentas citadas corresponderían a los años 2016, 2017 y 2018, es decir, son posteriores a la abdicación de Juan Carlos I, y por ello quedarían fuera de la inviolabilidad de la que éste gozaba hasta dicha fecha. Según la Fiscalía General del Estado, al superar incrementos de renta no declarados por encima de los 120.000 euros, podrían constituir delito fiscal.

El Gobierno evitó este miércoles pronunciarse sobre qué debería hacer Felipe VI tras las informaciones sobre la regularización fiscal de su padre.

La portavoz, María Jesús Montero, rechazó opinar sobre «lo que le corresponde hacer a la Casa Real», porque «lo que tenga que decir lo dirá, si lo tiene a bien».

Sobre un posible regreso de Don Juan Carlos a España en las próximas semanas, desde Emiratos Árabes, donde reside actualmente, Montero ha afirmado que «cuenta con todos los elementos para hacerlo, si quiere, y en el momento en que estime más oportuno «.

«Todos los contribuyentes, sin exclusión, deben cumplir con sus obligaciones fiscales», señaló finalmente la portavoz, insistiendo en que «mucho más» aquellas personas que por «nuestra presencia, nuestra proyección pública debemos ser ejemplares en el cumplimiento de esas obligaciones tributarias».

Regreso a España

Como informó OKDIARIO, el Rey emérito quiere regresar a España en Navidad. Sin embargo, los planes no son bien vistos en Moncloa, ni tampoco por Felipe VI, que no ve con buenos ojos la intención del Emérito de volver a instalarse en La Zarzuela, en pleno escándalo por su fortuna oculta en varios paraísos fiscales (destapada por OKDIARIO) y en medio de la ofensiva contra la Monarquía puesta en marcha por el vicepresidente Pablo Iglesias.

Don Juan Carlos se marchó de España el pasado mes de agosto y poco después se conoció que su destino era Abu Dabi.

Cinco meses antes, se informó a través de un comunicado difundido por la Casa del Rey que Felipe VI había renunciado expresamente «a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y privada y que deben informar la actividad de la Corona».

El presidente socialista Pedro Sánchez presionó a la Casa del Rey para que el Emérito abandonara España. Esa circunstancia provocó una crisis en el Gobierno de coalición, ya que Pablo Iglesias acusó a Don Juan Carlos de «huir» de España y al presidente de haberle ocultado lo hechos.

Podemos aprovechó el momento para arremeter contra la Monarquía y activar su campaña en favor de la república.